En una democracia (de esas que no existen) cuestiones como el aumento del salario son acordadas de forma constructiva y coherente con distintos sectores sociales; este proceso es una negociación que busca no solo la maximización del bienestar social, en equilibrio con eso que llaman estado, sino la representación simbólica de los procesos de participación e interacción de la sociedad con el Estado. En otras palabras la esencia misma de una democracia.

En el país ya se volvió de moda decretar el salario mínimo, la puja entre el gobierno y los “representantes” de los trabajadores terminó como siempre; mientras estos últimos pedían un aumento de al menos el 10%, el gobierno ofrecía no más de un 7%; una diferencia que, de acuerdo al salario de este año, aumenta en 35.536 pesos el salario actual. Esta medida, que se caracteriza por su arbitrariedad también se caracteriza por su ignorancia básica de los principios económicos que regulan los salarios.

Los declives económicos de este año, el acrecentamiento de la brecha entre riqueza t pobreza y finalmente el elevado nivel de inflación que tuvo el país; generaron una pérdida significativa del valor real del salario. Esto significa un empobrecimiento de la gente aun en el ciclo de un año, los que más pierden son aquellos que devengan un salario mínimo, que al mismo tiempo son los más pobres del país. Cualquier debate referente a un salario juega con una regla básica: el aumento de los salarios debe ser superior a los niveles de inflación. Solo así se garantiza, de forma muy deficiente, que lo que devengan los trabajadores sea más de lo que necesitan. La mediocridad aun en la formula es un indicador de lo importante que es este tipo de discusiones para el gobierno, lo peor es que esto no parece ser solo irrelevante para el gobierno. Lo es también para los sectores “representantes” de la clase trabajadora.

El decreto 4965 de 2007, que determino el salario mínimo cita los siguientes artículos de la constitución:

Que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece que: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la protección especial del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”;

Que el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia consagra “la remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo” como uno de los principios mínimos fundamentales de la ley laboral colombiana;

Los artículos no pueden ser más claros.

Seguidamente dice:

Que el literal d) del artículo 2° de la Ley 278 de 1996, establece que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales a que se refiere el artículo 56 de la Constitución Política, tiene la función de: “Fijar de manera concertada el salario mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia;

Pero….

Que el inciso 2° del parágrafo del artículo 8° de la referida ley expresa que “cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el año inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre de cada año, el Gobierno lo determinará teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”;

Entonces. Los discursos de la constitución suponen la necesidad de darle prioridad a los procesos negociados y concertados; una ley como la ley de víctimas pasa casi de pupitrazo (la copia corrupta de la original) ante las hordas del gobierno; la ley de reelección tiene el mismo afortunado destino, las negociaciones de salario mínimo también. Si uno de los principios fundamentales es la protección del trabajador y su calidad de vida de los trabajadores, un bien tan esencial se debe apegar a una concertación, a lo que se define como democracia. Pero es la misma constitución la que ordena un salario decretado en caso de malas negociaciones, así se garantiza la superioridad del Estado sobre la sociedad.

Para garantizar una equidad la constitución determina que el aumento del salario debe ser superior a los índices de inflación; y es acá donde el gobierno da la puntada final: ignora como siempre ha ignorado todos los acuerdos y todos los procesos más básicos de la participación ciudadana, y de las mismas leyes que constituyen el Estado; en este momento este se encuentra más arriba de las leyes, mientras hunden mas a la sociedad. Mientras que los índices de inflación del país estarán alrededor del 7.5%, 7,6% el salario no aumentara más del 7%.

¿Porque se calla tanto en este país? Si lo que se está haciendo es violar de forma flagrante lo que los demócratas tanto dicen defender; es esa misma constitución que alzan como la nueva biblia la que rompen sin que nada pase de unos cuantos títulos menores en los medios y el mismo silencio incomodo de las uniones de trabajadores. Nada pasa, nada queda, esos que dicen “representar” a otros se hunden poco a poco en mientras ahogan al resto; que pena, ¿pero que saben esos sindicalistas que nunca han trabajado de aquellos que, de sol a sol, sufren por saber que no tienen más que lo del pan? Porque mientras el “bienestar” que se imagina el gobierno es que la gente no tenga más de lo que necesitan y trabajen para el sistema toda su vida, para las uniones no es más que un símbolo inerte de algo que ya no existe, su función representativa se desvanece en su propia burocracia, en su anacronismo.

Es una pena que el destino de millones sea el resultado de el tintazo de un par de burócratas, que, siendo ignorantes de todo lo que pasa fuera de su mundo, vean al resto como una ecuación o sencillamente como una fuerza de trabajo que debería estar a disposición del Estado y el Capital. En la medida en que el salario ha sido fijado por decreto desde hace mucho, es correcto decir que este tipo de decisiones ya no pertenecen al plano de la construcción de la democracia. Pero más aun, es necesario mostrar como esas mismas cosas sobre las que se fundamente este sistema, son las que primero se deben romper para la preservación del Estado que es la cuna de la democracia. La democracia no existe.